La Fiscalía española efectúa "intensas gestiones" con Ministerio Fiscal de Alemania para proporcionar toda la documentación y material pertinentes con el fin de hacer efectiva la euroorden dictada contra el expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, detenido hoy en ese país.

Fugitivo de la Justicia española desde hace cinco meses, la Policía alemana lo detuvo tras cruzar en automóvil la frontera con Dinamarca, procedente de Finlandia.

Será la Fiscalía General del estado federado de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) la que estudiará el caso, informó un portavoz del Ministerio de Justicia alemán.

Puigdemont, trasladado a una cárcel de la localidad de Neumünster, deberá comparecer mañana ante el tribunal administrativo de ese estado para "proceder a comprobar su identidad", según fuentes jurídicas españolas.

Éstas precisaron que un posible encarcelamiento provisional será decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein; y la entrega a España es competencia "exclusiva" de la Fiscalía.

El Ministerio Público español contactó también con Eurojust, un organismo dedicado a la coordinación y la cooperación en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea (UE).

El juez español Pablo Larena reactivó el viernes pasado la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE, euroorden) contra Puigdemont, tras procesarlo ese mismo día y a otros líderes catalanes por rebelión y malversación de caudales públicos en relación con el proceso de secesión promovido por los gobernantes de la región española de Cataluña en 2017.

Los delitos por los que España lo reclama, como el de rebelión, tienen correspondencia con otros muy similares de la legislación alemana, según fuentes jurídicas españolas, con penas incluso más duras en ese país, que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

Lo recoge el Código Penal alemán en artículos sobre delitos de traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de Derecho, lo que despejaría el camino hacia una futura entrega del expresidente catalán a las autoridades españolas.

Según la normativa de la euroorden, la Justicia alemana tendrá que tomar una decisión en un máximo de 60 días, prorrogables otros 30 en casos excepcionales. Así, el procedimiento debería resolverse en un plazo de noventa días a lo sumo.

El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento catalán de entonces -de mayoría separatista- aprobase una declaración a favor de la independencia.

Entonces, el exgobernante catalán y varios de sus consejeros se marcharon a Bélgica para eludir la acción de la Justicia española.

Puigdemont tenía previsto volver el sábado en avión desde Finlandia a Bélgica, país donde fijó su residencia, pero finalmente intentó regresar por carretera.

El juez Llarena retiró el pasado 5 de diciembre pasado una primera euroorden contra Puigdemont y sus colaboradores huidos, cuando la Justicia de Bélgica ya había iniciado el procedimiento para estudiarla.

Existía el temor de que ese país accediera a entregarlos a las autoridades españolas solo por malversación y no por el delito de rebelión, que no tiene correspondencia en el ordenamiento belga, explicaron fuentes jurídicas consultadas por Efe.

Las investigaciones judiciales en España sobre el proceso independentista catalán culminaron el viernes pasado con el procesamiento por rebelión de 13 líderes catalanes (nueve de ellos también por malversación).

El juez del caso ordenó prisión incondicional para cinco y pidió la detención por euroorden de tres huidos al extranjero: Puigdemont y sus antiguos colaboradores Clara Ponsatí (Escocia, Reino Unido) y Antoni Comín (Bélgica). También pidió la detención internacional de la dirigente republicana de izquierdas Marta Rovira (Suiza).

La Policía escocesa confirmó hoy que ha recibido ya la euroorden cursada por el magistrado español contra Ponsatí. Los otros cuatro procesados por rebelión, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, ya estaban encarcelados preventivamente.

Además, el juez español decidió enviar a juicio a otros doce investigados por cargos como desobediencia y malversación.

Tras conocerse la detención de Puigdemont en Alemania, las fuerzas políticas españolas Partido Popular (centroderecha), PSOE (socialistas) y Ciudadanos (liberales) valoraron la actuación de la Justicia.

Por el contrario, partidos y organizaciones sociales independentistas catalanes se solidarizaron con Puigdemont y cuestionaron la neutralidad judicial.

Además, miles de manifestantes protestaban hoy en localidades de Cataluña, principalmente Barcelona, contra la detención y el encarcelamiento de líderes independentistas.

EFE